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EL IMPUESTO UNICO AGROPECUARIO

En las zonas rurales viven alrededor de ocho millones de peruanos que se dedican a la agricultura, a la ganadería o a ambas actividades a la vez. Sabemos que la reforma agraria estatista del año 1969, destruyó al sector y agudizó los niveles de pobreza en el campo, acelerando los flujos migratorios en especial de los jóvenes a las principales ciudades del país, provocando la descomposición familiar y los problemas de desarraigo, marginación y pobreza en que vivimos.

Pocos años después, la violencia terrorista profundizó aún más la crisis, al despoblar extensas regiones de la sierra y selva destruyendo por igual a chacareros, sembríos y animales, con un daño que todavía no se ha estimado ni menos aún resarcido. Este proceso todavía inconcluso, ha provocado que las tierras agrícolas estén en su mayoría parceladas, predominando el minifundio o pequeña propiedad de baja productividad.

La multifuncionalidad del agro es reconocida en todos los países desarrollados, por su importancia en la producción de alimentos, de generación de empleo, de ordenamiento social y de restauración ambiental; el Perú en cambio, parece haber olvidado su tradición agrarista.

Tomando en parte la experiencia tributaria chilena, se está tramitando un proyecto de ley para reemplazar simultáneamente al impuesto a la renta, al impuesto a las ventas, al impuesto de promoción municipal y al impuesto predial por un impuesto único para el agro, según el cual, se gravaría con una tasa de 0.5 % de unidad impositiva tributaria a cada hectárea en producción, es decir, con S/. 16.50 por hectárea (2005). Esta tasa ha sido calculada dividiendo los ingresos fiscales del sector, entre el número de hectáreas hábiles.

Lo interesante de la propuesta, es la facilidad en su aplicación porque le simplificaría al productor, especialmente a los pequeños campesinos que viven alejados de los centros poblados sin infraestructura, ni formularios, ni Internet, las actuales formalidades tributarias preparadas para sectores citadinos, donde los ingresos en general son mayores y cuentan con contadores y abogados para estas complicadas tareas. Es cierto que el pedido de simplificación impositiva viene por igual de todos los sectores productivos y de servicios, pero es en la actividad agropecuaria donde mayor falta hace, por el bajo nivel de educación existente entre sus integrantes.

El Ministerio de Economía ha criticado inmediatamente la propuesta, no solo porque condena al erario nacional a no aumentar sus ingresos en momentos que hay un boom agroexportador, sino porque no discrimina entre los contribuyentes, trasgrediendo el principio de capacidad contributiva, pudiendo resultar el impuesto único muy oneroso para los pequeños parceleros pero diminuto para las empresas agrarias modernas.

Lo evidente para los ciudadanos, es que el sector agropecuario necesita de un sistema tributario distinto, que tome en consideración su realidad fáctica y económica, pero también las leyes vigentes en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, países donde la agricultura goza de exoneraciones y sus productos están desgravados, porque el Perú competirá a partir del 1 de enero, en la zona de libre comercio andina.

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