Blog Title

ILEGITIMIDAD DE LOS BONOS AGRARIOS

He leído el artículo y convengo en que estos títulos son ilegítimos, porque son producto de una reforma agraria realizada por un gobierno de facto, en donde no se pagó la indemnización justipreciada que ordenaba el artículo 29 de la Constitución Política de 1933.

Hay que recordar que en los procedimientos de expropiación compulsiva ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, las tierras se valorizaron al arancel que fijó la dictadura, omitiendo valorizar los cultivos porque no existía la NIC 41. Igual pasó con la maquinaria y equipos que fueron valuados según su valor en libros, que en la mayoría de casos fue cero, porque existía en esa época el régimen de depreciación acelerada (3 años). Asimismo, para impedir que los expropiados revindiquen la valorización diminuta, se creó mediante el recordado Decreto Ley 17716 el Tribunal Agrario integrado por vocales nombrados por la dictadura, que estuvo por encima de la Corte Suprema de Justicia y que sumariamente rechazaba las impugnaciones de los perjudicados. Los que se opusieron a la reforma agraria fueron acusados del delito de sabotaje, y procesados en la jurisdicción militar.

A pesar del abuso en las valorizaciones, el valor de la deuda agraria ascendió originalmente a quince mil millones de soles oro ampliada a diecisiete mil quinientos millones de soles de oro, que al momento de su emisión al tipo de cambio oficial equivalía a cuatrocientos cincuenta y dos millones ciento noventa y seis mil trescientos ochenta y dos dólares norteamericanos. Este fue el precio dado a todo el sector agrario del Perú, y estuvo representado en bonos que durante muchos años fueron intransferibles y que en cientos de casos no fueron entregados a los expropiados, menos aún cobrados.

Conforme al mencionado decreto ley las tierras pasaron del sector privado a propiedad del Estado, es decir, el gobierno militar colectivizó la propiedad agraria, creando cooperativas de producción y sociedades agrícolas de interés social, que si bien pudieron trabajar los fundos, no fueron dueños de las tierras. Recién con el gobierno del general Morales Bermúdez y la Constitución Política de 1979 se convirtieron en propietarios, para casi inmediatamente iniciar el proceso de parcelación o minifundio que conocemos.

La leyenda negra que repite el articulista para la condonación de la deuda agraria resulta entonces falsa, no fueron los casos puntuales de explotación en algunos fundos de la sierra, sinó el desastre productivo que empobreció a los agricultores y despobló las áreas rurales, resultado de las políticas marxistas del gobierno militar y del odio con que fue hecha la reforma agraria que renegó de los ingenieros y técnicos agrícolas y pecuarios. La miseria fue la verdadera razón para condonar la deuda agraria.

Ahora la Sentencia del Tribunal Constitucional para el pago de la deuda agraria no satisface al Estado, ni a los bonistas, porque se sitúa en medio de ellos, ojalá que el gobierno tenga la valentía y la imaginación para cumplirla.

Déjenos un comentario