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LA CONSTITUCIÓN VELASQUISTA

Ha provocado justificada preocupación entre la ciudadanía, la juramentación de los Vice Presidentes de la República por “la Constitución Política de 1979”, derogada años atrás por la Constitución de 1993. Recordemos su origen.

El 2 de octubre de 1968, las fuerzas armadas derrocaron al entonces presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, comenzando doce años de gobierno de facto y de represión ciudadana. Al día siguiente del golpe, la junta militar dictó el decreto ley No. 17063, comprometiéndose a “cumplir y hacer cumplir decididamente el Estatuto y el Plan del Gobierno Revolucionario”, supeditando la vigencia de la Constitución de 1933, solo a lo fuera compatible con sus objetivos. El mismo día la dictadura militar suprimió las libertades individuales, expatrió al presidente y a los principales dirigentes políticos, para continuar con la confiscación de las tierras agrarias, y de las principales empresas y bancos; eliminar el libre comercio; crear empresas públicas monopólicas; imponer el control del tipo de cambio; establecer impuestos a la exportación y barreras a la importación; y, en julio del año 1974, apropiarse de los diarios, en un proceso colectivista y de despilfarro fiscal que arruinó al Perú. Todavía en ese entonces, era secreto de Estado el Plan Inca, que disponía estas acciones y cuyo acápite 30 señalaba: “Una nueva Constitución Política consolidará las leyes, institucionalizando las transformaciones esenciales e irreversibles logradas por la Revolución.”

A mediados del año 1975, la televisión mostró el deterioro físico y moral del dictador Juan Velasco Alvarado, bebiendo pisco durante sus discursos y escupiendo al piso, mientras envalentonado por las cuantiosas compras de armas rusas gestaba en su mente enferma, la idea de invadir el vecino país del sur. Ante ese escenario insostenible, a fines de agosto de ese año, en la ciudad de Tacna, el general Francisco Morales Bermúdez relevó abruptamente al general Velasco en el poder, implantando el Plan Tupac Amaru para “consolidar el proceso revolucionario” y lograr “la democracia social de participación plena”.

El nuevo dictador militar, en una apertura saludable, llamó a profesionales y técnicos independientes para que lo ayuden a reconstruir el país sumido en una profunda crisis económica, producto de la corrupción que trajo consigo el estatismo y la falta de libertad de prensa. Dos años después, ante la presión interna y externa, Morales Bermúdez se comprometió a llamar a elecciones generales para reestablecer la democracia, pero convocó antes a una asamblea constituyente mediante el decreto ley No. 21949, para que elabore la Constitución que:”contendrá esencialmente, entre otras, las disposiciones que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.”

Solo acudieron a la lid electoral el APRA, el Partido Popular Cristiano (PPC) y los grupos de izquierda, sin que la principal fuerza política de entonces, Acción Popular, participase. Se instaló la asamblea con el APRA y el PPC como principales bancadas, y Víctor Raúl Haya de la Torre, ya octogenario, como presidente. Sin debate público, con la prensa confiscada, parametrada en las ideas marxistas del régimen de facto, los constituyentes trabajaron durante once meses, para finalmente sancionar y promulgar la Constitución el 12 de julio de 1979. Paradójicamente los grupos de izquierda no la aprobaron, ni firmaron, pero como el gobierno observó algunas de sus disposiciones, la asamblea rechazó esta vez por unanimidad, las observaciones.

Dicha Constitución sirvió para salir de la dictadura militar, que impuso por las armas un modelo económico, político y social que poco tiempo después fue repudiado por la mayoría ciudadana en las urnas, con la reelección del Presidente Belaúnde.

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